En septiembre de 2018 se firmó el Real Decreto-ley 13/2018 de Ordenación del Transporte Terrestre, que estipulaba un periodo transitorio de cuatro años en el que las empresas con licencias VTC (Uber, Cabify, Bolt…) podían continuar ejerciendo la actividad de transporte de viajeros dentro de núcleos urbanos, compitiendo directamente con los taxistas.
Finalizado este periodo, se derivaba a cada comunidad autónoma o ayuntamiento la competencia de establecer una nueva legislación adaptada a la propia realidad de cada ciudad o región. Y en caso de no disponer de dicha regulación, la actividad de los VTC quedaría restringida exclusivamente a viajes interurbanos.
En su día, en este blog publicamos un artículo explicativo.
El citado periodo transitorio se justificaba con la necesidad de las empresas VTC de amortizar las inversiones realizadas en vehículos y demás. Por el otro lado, el sector del taxi, se conformaba con aceptar la moratoria con la condición de que una vez finalizada, ambas actividades iban a quedar bien diferenciadas y reguladas, evitándose así la competencia, a su juicio desleal.
La realidad es que el periodo transitorio se ha hecho muy corto como consecuencia de la pandemia del Covid. Venimos de unos años de bajadas de actividad y, por ende, de ingresos muy importantes en el sector del transporte de viajeros debido especialmente a la paralización del turismo durante los años 2020 y 2021.
Recientemente, tanto Catalunya como la Comunidad de Madrid han aprobado sus regulaciones respecto a los VTC.
El gobierno de Catalunya ha acordado una Ley bastante restrictiva, con unas exigencias en cuanto a la gama de los vehículos a utilizar que dejarán fuera la mayoría de los existentes en las flotas de las empresas. La intención del Govern es diferenciar claramente ambas actividades, protegiendo el taxi y relegando el uso de los VTC a un servicio de chófer privado.
Por el contrario, La Comunidad de Madrid se remite a una nueva regulación muy permisiva con los VTC existentes y únicamente denegará nuevos permisos siempre que se incumpla la condición de la proporción 1/30.
Ambas posturas están bien claras. Mientras Catalunya apuesta por la diferenciación de los modelos de negocio y la protección del taxi como servicio público, Madrid pretende la liberalización del negocio del transporte de viajeros, facilitando la actividad a las multinacionales VTC.
En conclusión, este 2022 va a ser un punto y seguido en los problemas y reivindicaciones de los diversos agentes del sector de transporte de viajeros.
En el horizonte, las consecuencias de las subidas de los precios de carburantes y la transición hacia modelos energéticos sostenibles.
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